La continua expansión de la minería, especialmente aquella de pequeña escala, sigue su marcha, y hace pocas semanas atrás ocurrió un hecho que no pasó desapercibido. Se realizó el Primer Congreso de Comunidades Indígenas Mineras del Perú, con delegados de cinco departamentos, acompañados por congresistas, autoridades estatales y algunos políticos (1).

Estos fenómenos pueden ser analizados desde varias miradas, y entre ellas existen algunas que no pueden desatenderse. En primer lugar, se podrían señalar que estamos ante una contradicción. Por un lado, comunidades locales en esas regiones que denuncian los impactos negativos que padecen por la minería y que la resisten; y por el otro lado, grupos que en esas mismas localidades defienden e incluso demandan más minería. Los señalamientos de los problemas alrededor de los extractivismos mineros se han repetido en Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho y Huancavelica, y desde esos mismos departamentos concurrieron delegados a ese congreso de minería indígena.

No faltarán los actores y analistas que defienden los extractivismos que interpretarán que ese encuentro demuestra que las comunidades locales ansían ser mineras, y que finalmente habrían comprendido que esa actividad les aseguraría un beneficio económico. Podrían, además, insistir en que las oposiciones eran infundadas o exageraciones.

En segundo lugar, tampoco pasa desapercibido que los participantes en ese congreso se identifiquen a sí mismos como “indígenas”. Más allá de la exactitud en emplear esa etiqueta en ese caso y de qué se entiende por “indígena”, es evidente que esa denominación no es banal. A tono con las consideraciones anteriores, los conocidos defensores de los extractivismos podrían sostener que, por fin, se está ante grupos indígenas que en lugar de ser un “obstáculo” para el desarrollo, ahora se vuelven aliados. Algún otro podría agregar que esto demostraría que pensamientos como los de Hernando de Soto son acertados, bastando que los “indígenas” se convirtieran en empresarios, o que, por fin, dejaron de ser los “perros de los hortelanos” que trababan el progreso, como los describía Alan García años atrás.

Desde esas dos líneas de razonamiento, como desde otras afines, se podría concluir que los reclamos ante los extractivismos mineros en particular, y las alternativas a los extractivismos como estilos de desarrollo, no tendrían sentido. Se podría declarar, del mismo modo, que todo eso es un invento de grupos o personas ajenas a las comunidades.

Una evaluación que debe ser rigurosa

Ese tipo de tensiones deben ser analizadas con todo detenimiento. En su esencia expresan contradicciones entre actores ciudadanos que, por las razones que sean, defienden prácticas a las que están vinculados económicamente pero que tienen efectos negativos sobre ellos, especialmente en su salud y el ambiente. Esas oposiciones no son nuevas. Las más conocidas, y que se arrastran desde largo tiempo, ocurren en la contradicción entre vecinos que desean clausurar fábricas contaminantes, pero que son defendidas por sus obreros organizados en sindicatos. Es una oposición que tiene una larga historia, y es bien conocida en Perú por los enfrentamientos en La Oroya. Pero es tan persistente que acaba de ocurrir en Chile, donde el nuevo gobierno finalmente cerró una planta de la minera estatal Codelco por su contribución a los muy severos impactos en el ambiente y la salud que se viven en la localidad de Ventana. Esa medida inmediatamente disparó la protesta, movilización y huelga de los sindicatos, quienes hicieron oídos sordos a la abrumadora evidencia de los impactos en la salud y el ambiente (2).

Tampoco es novedad que en comunidades locales que se identifican como indígenas o campesinas, distintos grupos de personas se organicen para dedicarse a la minería. En los últimos años se ha registrado esto en Bolivia, Colombia y Ecuador, e incluso ya había ocurrido en Perú. En ocasiones eso responde a distintas posturas en el seno de una comunidad, donde algunos persisten en denunciar y evitar la minería, y otros deciden lanzarse a ella. En otros casos es una decisión acordada como una medida de defensa; los comuneros prefieren hacer ellos mismos esa minería para evitar el ingreso de actores externos. Asoma como una causa importante en esa postura la necesidad de enfrentar el avance de la minería de oro aluvial.

Debe entenderse el contexto de pobreza e incluso indigencia bajo el cual ocurren estas situaciones. Son condiciones que se arrastran por años o por generaciones. Es así que para algunas de esas personas y sus familias, casi no existen opciones posibles, y por ello la minería les resulta una oportunidad para un alivio que es sentido como urgente. Varios conocen los riesgos que enfrentan en cuanto a su salud, y por ello no son raras las disputas familiares. En entrevistas con comunidades de ese tipo he encontrado que los varones abrazan la minería por razones económicas pero las mujeres persisten en rechazarla preocupadas por la salud propia y de sus hijos. No celebran dedicarse a la minería porque abandonan tradiciones comunitarias o familiares de trabajo con la tierra, sino que lo hacen bajo condiciones dramáticas, sintiéndose atrapados y sin otras opciones.

Las comunidades que mantienen sus condiciones de vida pero que deciden reclamar títulos mineros o explotarlos directamente, lo hacen también como una medida de defensa. Lidian con la amenaza del ingreso de mineros ilegales, con sus séquitos propios o la complicidad policial o militar. A su violencia se suma la destrucción de los ríos y sus márgenes, la deforestación y contaminación de aguas. Entonces, esas comunidades razonan que si ellos llevan adelante la explotación minera pueden detenerlos, hacerlo a un ritmo más lento y escala menor, y lograr ingresos adicionales que de otros modos se los llevarían agentes externos. Aquí tampoco hay celebraciones, sino que presenciamos las consecuencias del fracaso del Estado para evitar la minería ilegal, las redes de corrupción que la amparan y la violencia que imponen.

Si se tiene en cuenta estas condiciones queda en claro que celebrar esa minería indígena como un triunfo del desarrollismo convencional respondería a modelos simplistas que no describen adecuadamente lo que está ocurriendo. Por el contrario, es una consecuencia del fracaso de ese tipo de desarrollo, de la persistencia de la pobreza y de la marginalidad, y de la incapacidad estatal para resolver esos problemas.

Pero la necesaria precaución ante el simplismo también debe operar en sentido inverso, en el seno de algunas organizaciones ciudadanas o analistas. Allí también se encontrarán a quienes describen una sociedad civil homogénea, con grupos campesinos o indígenas todos ellos encolumnados para resistir la minería, quienes unánimemente defenderían las mismas alternativas a los extractivismos. Sin embargo, esas también son lecturas irreales. En el seno de la sociedad se encontrarán múltiples posturas, y no puede disimularse que los extractivismos mantienen un fuerte arraigo popular, por supuesto que en las ciudades ya que allí no padecen directamente sus impactos, pero también en el medio rural.

Insistir en posiciones binarias, con un bando monolíticamente maléfico de un lado, y otro siempre acertado y homogéneo, es justamente el modo de pensar y comunicarse de muchos de los defensores de los extractivismos. Las organizaciones ciudadanas no pueden caer en eso si realmente desean promover alternativas, buscando la justicia social y ecológica. No es posible construir alternativas a los extractivismos desde el simplismo, el slogan o el maniqueísmo; ese tipo de posturas impide entender las creencias y expectativas que sostienen los extractivismos, y por lo tanto desembocan en propuestas de cambio escuálidas. Es necesario reconocer la heterogeneidad y diversidad de posiciones en nuestras sociedades, ajustando las propuestas de cambio a cada una de esas circunstancias.

Sopesando las novedades en los extractivismos mineros

Teniendo presentes esas precauciones, es posible compartir algunas reflexiones ante está coyuntura. El ingreso de actores locales, en particular campesinos o indígenas, hacia la minería, no representa una solución a problemas estructurales vinculados a la calidad de vida y la pobreza. El alivio momentáneo que pueda significar para algunos tiene como contracara acentuar condiciones de marginación e impactos que seguirán agravando sus condiciones de vida.

El amplio abanico de impactos de esos extractivismos no desaparece si cambia quien los lleva adelante. Basta tener presente que el mercurio seguirá contaminando tanto si es aplicado en un emprendimiento indígena como por una compañía registrada en Lima. Dicho de otro modo, la propiedad de los agentes que realizan la extracción no predetermina sus impactos locales. Del mismo modo, que esa actividad esté en manos de grupos campesinos o indígenas tampoco es un blindaje suficiente contra la corrupción y la violencia. Esto es particularmente claro en la extracción de oro, ya que parte de ese mineral termina en redes ilegales (sea por traficar con mercurio como por encaminar el oro hacia el contrabando). Además, los actores que controlan esos entramados, y en especial los nodos de insumos y comercio, son cada vez más violentos. Estamos ante modos de apropiación que no pacifican los territorios.

Si se observa la situación en los países vecinos para discernir hacia dónde puede derivar la situación peruana, en primer lugar debe examinarse lo ocurrido en Bolivia. Allí han proliferado las “cooperativas” mineras que, en una primera lectura desprevenida, podrían verse como muy positivas. El cooperativismo podría permitir esquivar la dependencia de empresas y corporaciones. En el caso de las bolivianas, estas a su vez se presentan a sí mismas con palabras tales como revolucionarias, anti-oligárquicas y anti-imperialistas (3), por lo cual algunos agrupamientos políticos las defienden ya que con ello serían aliadas en una lucha contra el imperialismo de los recursos naturales. Incluso, podrían concebirse eso como un extractivismo popular, análogo a una estatización de la minería.

Pero la realidad es muy distinta. Esas cooperativas bolivianas se han alejado de los modos solidarios y se organizan como empresas convencionales, con sus asalariados, y múltiples denuncias de incumplir normas de seguridad, salud y cobertura social. Se las ha señalado como las mayores responsables de contaminación en varias regiones. A medida que aumentó su número, se incrementó su influencia político partidaria, contando con sus propios legisladores y decidiendo los nombres de autoridades ministeriales. La violencia aparece en enfrentamientos entre cooperativas, o de éstas con empresas mineras o campesinos, aunque también se han rebelado contra el gobierno (en 2016, en un recordado incidente con mineros cooperativas movilizados contra la reforma de las normas mineras, secuestraron y asesinaron al viceministro del interior del gobierno de Evo Morales; 4).

La experiencia boliviana muestra que con el paso del tiempo, lo que comenzó como una minería de base tradicional y local que apeló a un régimen de cooperativismo, dejó de ser un espacio de solidaridad y apaciguamiento, para repetir los extractivismos depredadores que desencadenan todo tipo de impactos sociales y ambientales, y alimentar la violencia. La lección aquí es que los extractivismos siempre imponen efectos sociales y ambientales, los que son inevitables e inmanejables. Esto es justamente lo opuesto a lo que sostienen sus defensores. Como esos impactos son resistidos por las comunidades locales, el único modo en que pueden seguir expandiéndose es recurriendo a distintos tipos de violencia.

Perú se encuentra ante presiones intensas en este campo, de un lado la pobreza y marginación local que hace que muchos busquen una alternativa en ese tipo de minería, y del otro lado, la penetración de actores que activamente la promueven o imponen. Las comunidades locales están por momentos atrapadas entre esas dos condiciones. A pesar de ello, el país puede observar lo que ha sucedido en las naciones vecinas para no repetir sus errores. Pero, en cualquier caso, se requiere una mirada atenta y rigurosa para no caer en simplismos.

Notas

1 La confederación de comunidades indígenas mineras de Perú, Cooperacción, 1 julio 2022, https://cooperaccion.org.pe/la-confederacion-de-comunidades-indigenas-mineras-del-peru/

2 Ventanas: polémica fundición de Codelco reabre a la espera de su clausura definitiva. El Mostrador, 2 julio 2022, https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/07/02/ventanas-polemica-fundicion-de-codelco-reabre-a-la-espera-de-su-clausura-definitiva/

3 Los modos de apropiación de las cooperativas mineras de Bolivia se analizan en Extractivismos. Ecología, economía y ética de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. E. Gudynas. RedGE, Cooperacción, PDTG y Claes, Lima, 2015.

4 Lo que se sabe de la muerte del viceministro Rodolfo Illanes, “brutalmente asesinado” en Bolivia por los mineros que lo habían secuestrado. BBC Mundo, 16 agosto 2016; https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37191005

El presente artículo se publico originalmente en el portal web de Cooperacción; julio 2022.