Hace diez años atrás, en plena campaña electoral del año 2011, decenas de organizaciones ciudadanas reclamaron a los candidatos presidenciales un cambio sustancial frente a los extractivismos. Entendían que el nuevo gobierno debía iniciar una transición para salir de esa dependencia extractivista.

Aquello fue resultado de un trabajo que ofrece muchas lecciones para el actual proceso electoral. Constituyó una muy exitosa coordinación entre organizaciones ciudadanas que querían ser escuchadas, y a la vez, los análisis y propuestas mantienen vigencia en la coyuntura actual. Es más, en este 2021, por momentos se extraña que no se lograra reeditar una coordinación ciudadana similar o que no se aborden con más precisiones las problemáticas y alternativas a los extractivismos.

Es por lo tanto oportuno rescatar aquella experiencia, sus contenidos y los posibles aportes para el actual proceso electoral. Es, por lo tanto, un ejercicio en la historia reciente de la sociedad civil en su búsqueda de opciones de cambio.

Es posible una alternativa a los extractivismos

En 2010 estaba claro que la problemática de los extractivismos constituía una cuestión central para la sociedad civil, con múltiples implicancias, desde la social a la ambiental, desde la territorial a la económica. La conflictividad ante distintos enclaves o proyectos era muy intensa, y basta recordar las situaciones que se vivían por ejemplo en Cajamarca o en las zonas mineras del sur del país. En ese contexto, desde la sociedad civil se lanzó un proceso que a lo largo de varios meses exploró posibles salidas alternativas a los extractivismos, desembocando en marzo de 2011 en eventos públicos y en dos documentos dirigidos a los políticos con reclamos de cambios sustanciales.

Por un lado, se preparó lo que se denominó como “Agenda para el nuevo gobierno y necesario escenarios de transición”, y por el otro, un texto con mayores precisiones, bajo el título “Alternativas al Extractivismo”. Se apuntaba específicamente a los políticos y partidos que estaban en ese momento en plena campaña electoral.

El primer documento, la “agenda para el nuevo gobierno”, comenzaba por señalar que Perú debía definir transiciones desde su condición extractivista hacia alternativas que no lo fueran. Reclamaba recuperar la capacidad para regular y controlar lo que sucede en los territorios, mejorar y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental. Se daban unos pasos más, dejando en claro que se debía abandonar una economía que era profundamente extractivista, para avanzar a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales. Admitía un desarrollo acoplado al crecimiento económico pero a la vez exigía la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada, y una institucionalidad que específicamente protegiera a los pueblos indígenas (1).

En el otro documento, más extenso, titulado “Alternativas al Extractivismo”, se postulaba un “nuevo acuerdo de gobernabilidad social, ambiental y económica”, y repetía la insistencia en promover transiciones hacia otro desarrollo, abandonando la dependencia de los extractivismos (2). No es menor el título empleado ya que por esos años era una cuestión casi prohibida o imposible de pensarse. Se habían consolidado ideas y sensibilidades que concebían que el país necesariamente debía ser extractivista y que no había otra opción.

Ese dogmatismo fue quebrado por esa campaña, ya que desde un inicio se plantó como una búsqueda de opciones de cambio ante los extractivismos. Más allá de las oposiciones, rechazos o críticas, se aceptó que no solamente se podían explorar alternativas a los extractivismos, sino que ello era necesario para enfrentar la crisis. Asimismo, las organizaciones ciudadanas entendían que si se quería asegurar la gobernabilidad del país se debían abordar opciones de cambio al extractivismo.

A partir de los objetivos de “Alternativas al Extractivismo”, se consideraron cinco asuntos clave:

1. No hay democracia sin consulta previa ni participación sobre la inversión y los proyectos extractivos.

2. Se deben evaluar las regiones y sitios para decidir donde son posibles los enclaves extractivos, como donde los lugares en que la protección de los recursos naturales los hacen inaceptables.

3. Si los proyectos de inversión no consideran los impactos ambientales y sociales no hay desarrollo.

4. Si se desea proteger la Amazonia no se puede depender del petróleo o de grandes hidroeléctricas.

5. Las empresas mineras gozan de ganancias extraordinarias y subsidios del Estado y a la vez no hay una redistribución justa de los beneficios de la población.

Para cada uno de estos asuntos, en aquel documento de 2011 se ofrecía un breve resumen de la situación en esos años, y luego se enumeraban las propuestas de cambio. Se totalizaron 28 propuestas, tales como garantizar el derechos a la consulta previa de las comunidades campesinas sobre el uso y aprovechamiento de los recursos en sus territorios, implantar el ordenamiento territorial, crear zonas de exclusión minera en ecosistemas frágiles, cabeceras de cuentas o zonas agroecológicas, cuantificar el costo ambiental y social a corto y largo plazo de proyectos extractivos y megaemprendimientos, modificar la matriz energética para reducir la extracción de petróleo de la Amazonia o aplicar un impuesto a las sobreganancias. Más abajo, en un apéndice, se comparten todas las propuestas elaboradas en aquel entonces.

En la discusión esas distintas propuestas no sólo buscaban solucionar problemas acuciantes sino que además se las articulaba en ese marco de ir más allá del desarrollo extractivista convencional. A su vez, esa meta permitía comparar alternativas entre sí, ya que debían servir a esa meta postextractivista.

Otro aspecto a destacar es que esas propuestas abordaban los extractivismos como un todo, a nivel sectorial, y ese concepto es distinto, pongamos por caso, a la minería. Los extractivismos mineros son un tipo particular de minería, donde se remueven enormes volúmenes y bajo una alta intensidad, para ser exportados como materias primas. Pero no todos los enclaves mineros son parte de los extractivismos. Por esa razón, en aquellos documentos no hay ni una sola palabra que pueda ser calificada como “anti-minera”. No está demás precisar que esa etiqueta, “anti-minero”, fue una y otra vez repetida en los años siguientes por los defensores radicales de los extractivismos. Pero es un rótulo ajeno al espíritu del postextractivismo, tal como esa palabra lo deja en claro.

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Alternativas a los extractivismos en 2011: el cartel de anuncio de los eventos (izquierda) y el comunicado de la Agenda para el nuevo gobierno y necesario escenarios de transición publicado en la prensa (derecha).

Organización y coordinación ciudadana

Aquella campaña tuvo otro componente destacado. Fue posible gracias a un trabajo a lo largo de varios meses donde participaron muchas personas y organizaciones. La coordinación, la buena voluntad y los consensos primaron sobre personalismos y egos. Eso explica que los documentos finales fueran respaldados por dieciséis organizaciones y redes ciudadanas (3).

Ese proceso ciudadano permitió que los borradores finales de la “agenda” de gobernabilidad y de las “alternativas a los extractivismos” fueran rediscutidos y ajustados. Además, se preparó una lista de preguntas a los candidatos, todas ellas enfocadas en los extractivismos y las alternativas. El proceso culminó en encuentros ciudadanos que tuvieron lugar en Lima el 23 y 24 de marzo de 2011 (4).

Se presentaron esas conclusiones a todos los partidos políticos que participaban en el tramo final de la campaña presidencial. En aquella noche, en el escenario del Centro de Convenciones del Colegio Médico, ante una multitudinaria concurrencia, se leyeron aquellos puntos, se escucharon los comentarios de Marc Dourojeanni y de Javier Iguíñiz, para luego escuchar las reacciones de los delegados partidarios presentes (Daniel Córdova por Alianza por el Gran Cambio: Roger Rumrrill por Gana Perú; Carlos Loret de Mola por Perú Posible; y Carlos Amat y León por Solidaridad Nacional; la delegada de Fuerza 2011 no asistió) (5).

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Alternativas al extractivismo: mesa del plenario final con delegados de los candidatos presidenciales y comentaristas; 24 de marzo 2011, en Lima.

El listado de preguntas a los candidatos y partidos políticos también es destacable. Los cuestionamientos desde la sociedad civil fueron abundantes y precisos, casi siempre muy agudos (6). Las interrogantes enfocaban la gobernabilidad de las industrias extractivas y los megaproyectos, y fueron divididas en tres dimensiones: social, ambiental, y económica

Para recordar algunas de ellas, se puede citar que se le preguntó a los políticos cuáles serían las medidas para promover la participación y vigilancia social de las comunidades locales en los procesos extractivos, cuáles eran sus posiciones sobre un impuesto a la sobreganancias mineras, o si mantendrían vigentes incentivos y subsidios (tales como la devolución anticipada de IGV).

El proceso de pensar los posextractivismos tuvo otros resultados inmediatos, y entre ellos la publicación de un primer libro, “Transiciones, postextractivismos y alternativas al extractivismo en el Perú” (7). Le siguieron otros, así como reportes temáticos, y una larga serie de talleres, cursos y mesas de debate a lo largo de los años siguientes.

Es importante colocar todas esas acciones en un marco internacional. Constituyeron una experiencia pionera en todo el continente, porque fue la primera vez que se lograba un examen tan amplio de las alternativas a los extractivismos, y también fueron un ejemplo por la organización y coordinación ciudadana. Aquellos documentos, así como la serie de estudios sobre postextractivismo que se sucedieron en los años siguientes, siguen siendo referencias en todos los países vecinos. Basta observar el actual debate en Chile ante un proceso constitucional para reconocer la vigencia de la agenda postextractivista.

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Talleres, mesas redondas y cursos acompañaron la campaña de Alternativas al Extractivismo.

La vigencia del ayer en las urgencias de hoy

Después de aquellos eventos de 2011, finalmente fue Ollanta Humala el que consiguió la presidencia. Todos sabemos lo que sucedió después a lo largo de la última década, hasta llegar a esta nueva campaña presidencial. Pero a pesar del tiempo transcurrido, todas las cuestiones que se plantearon en 2011 son válidas en 2021. Como mantienen su vigencia, no puede evitarse que una sensación agridulce porque sin duda mucho se avanzó, pero siguen persistiendo esencialmente los mismos problemas.

Ha pasado una década y no se lograron solucionar buena parte de los problemas y los impactos negativos se repiten y acumulan. Persisten los conflictos debido a inadecuados o inexistentes procesos de participación e información, las limitaciones en el ordenamiento territorial no se han superado, las evaluaciones sociales y ambientales siguen siendo cuestionadas por su mala calidad e incluso en algunas circunstancias ni siquiera son debidamente aplicadas. Las cuestiones en energía y Amazonia siguen pendientes, y persiste el descontento con el manejo tributario de los extractivismos.

Esto no impide subrayar que aquel fue un ejercicio ciudadano impresionante por su apertura democrática. Es más, al contrario de las prácticas usuales, donde los candidatos arman sus actos para decirles a sus audiencias lo que debería hacerse, en aquel foro fue la sociedad civil la que cuestionó a los políticos y les presentó sus reclamos. Eran los políticos los que debían escuchar.

También son inevitables algunas comparaciones con los planes políticos que se discuten en esta campaña 2021, así como con las demandas desde la sociedad civil. En una primera evaluación, debe destacarse que la agenda, los documentos técnicos y las discusiones de 2011 aparece mucho más enfáticos y concretos en varios puntos que buena parte de las propuestas o demandas que se han ofrecido en la actualidad.

Podría incluso plantearse que era más ambiciosa. Como sostenían algunos participantes en aquellos encuentros de 2011, la tarea era imaginar un país que no fuera solamente minero, el esfuerzo estaba en asumir que también había un Perú agrícola y forestal. Sin duda habrá opiniones sobre cómo deben ser los postextractivismos, pero más allá de eso, se abrieron las puertas a ese tipo de discusión.

El punto no es menor porque en la actualidad, incluso en algunas demandas desde la sociedad civil, hay muchos enfoques puntuales, y si bien se mencionan las alternativas al desarrollo, corren el riesgo de quedarse en un mero título pero con escaso contenido.

Al mismo tiempo, la experiencia de 2011 mostró que el postextractivismo debía discurrir por medio de transiciones. Nadie exigió un cambio instantáneo, ya que en todos los participantes prevalecía el sentido común de comprender que dejar atrás la dependencia extractivista requeriría reformas y transformaciones en varios campos, y todo ello tomaría su tiempo. Pero además, porque esos cambios tenían que ser democráticos, no podían imponerse autoritariamente, y ese aprendizaje también requería tiempo.

Este breve resumen de la historia reciente muestra que en Perú existen antecedentes sustantivos, no sólo en organizarse para generar reclamos comprometidos con la justicia social y ambiental frente a los extractivismos, sino también para avanzar hacia un país postextractivista. En esa historia hay muchas lecciones y aprendizajes valiosos para los desafíos actuales.

Notas

1. El Perú y el modelo extractivo: agenda para el nuevo gobierno y necesarios escenarios de transición, disponible en: http://www.redge.org.pe/sites/default/files/peru_extractivo_-_9_x_4_-_peru_21.pdf

2. Alternativas al Extractivismo: Por un nuevo acuerdo de gobernabilidad social, ambiental y económica frente a las industrias extractivas y las grandes inversiones; disponible en: http://www.redge.org.pe/gobernabilidad-alternativas-extractivismo

3. Las organizaciones participantes incluyeron a Grupo Allpa; Asociación de Centros de Investigación de Promoción Social y Desarrollo –ANC; Asociación Pro Derechos Humanos -Aprodeh; Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES; Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS; Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES; Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES; CooperAcción; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz; Forum Solidaridad Perú; Instituto de promoción para la gestión del agua – IPROGA; Grupo Propuesta Ciudadana – GPC; Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCCIC; Red Muqui; Red Jubileo Perú; y la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), que fue la que coordinó todo ese proceso.

4. El conjunto de actividades incluyó un foro público sobre "Alternativas al Extractivismo: Una mirada desde el Perú y la región", seguido por el trabajo en mesas colectivas (para temas económicos, sociales y ambientales), y un evento final, el foro "Hablan los candidatos: ¿Qué hacer con las industrias extractivas”. En paralelo, tuvo lugar un intenso trabajo con los medios de prensa.

5. Ejemplos de testimonios de aquel encuentro en los siguientes videos:

Marc Dourojeanni - La importancia de formalizar al pequeño extractor minero; video en: https://www.youtube.com/watch?v=qOqAT92EZ_M

Javier Iguiñiz - Los beneficios del extractivismo NO llegan a toda la población; video en: https://www.youtube.com/watch?v=3G23714LcNw

6. Preguntas a los candidatos presidenciales, ordenadas por cada uno de los ejes temáticos; disponible en: http://www.redge.org.pe/sites/default/files/201103%20SC%20Preguntas%20a%20los%20Candidatos%20ALTEREXTRACT%20final.pdf

7. Transiciones, postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú, es el libro con aportes por P. Francke, V. Sotelo, C. Gamboa, J. de Echave, M. Scurrah, C. Monge, C. Viale, J. Azpur, E. Baca, J.C. Sueiro y E. Gudynas, compilado por A. Alayza y E. Gudynas, RedGE, Lima, 2012. Disponible en: http://www.redge.org.pe/transiciones-alternativas-variosautores

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Una primera versión de este artículo fue publicado por Cooperaccion (Lima).

APENDICE

Propuestas de alternativas al extractivismo en 2011

En el apéndice se presentan las propuestas para el nuevo gobierno listadas en el documento “Alternativas al Extractivismo”, elaborado en 2011. El documento además incluía diagnósticos de situación para cada caso.

1. Sin consulta previa ni participación sobre los proyectos extractivos y de gran inversión, no hay democracia

• La implementación del Convenio 169, promover criterios y metodología común para la aplicación del derecho a la Consulta. Esta metodología debe ser dialogada con los diversos actores, pueblos indígenas, sociedad civil, autoridades locales, empresas, etc. 

• La promulgación de manera urgente la ley de consulta previa aprobada en el Congreso el 19 de mayo de 2010.

• Que se garantice el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas y campesinas en proyectos de inversión y de uso y aprovechamiento de recursos naturales. 

• Que las poblaciones afectadas en general puedan ejercer una participación y vigilancia efectiva.

• El reconocimiento del carácter vinculante de los acuerdos a los que llegue el proceso de consulta (no significa veto).

• La promoción del catastro para la titulación de las comunidades campesinas y nativas, así como el saneamiento físico legal de la propiedad comunal.

2. Hay que evaluar dónde sí y dónde no son posibles las actividades extractivas para proteger nuestros recursos naturales cada vez más escasos

• La aprobación de la ley de ordenamiento territorial que se debate desde hace más de un año sin avances concretos.

• La articulación del ordenamiento territorial a nivel nacional y regional, además de garantizar la participación de la población.

• La creación de un Sistema Nacional Descentralizado de Planeamiento y Gestión del uso del Territorio, que evite la superposición de mapas y decisiones en las diversas instancias.

• La creación de zonas de exclusión minera en los ecosistemas frágiles, las cabeceras de cuenca y las zonas de desarrollo agroecológico. ¿Cómo apostar por internacionalizar nuestra gastronomía si la tierra de los productores agrarios está siendo concesionada?

3. Sin proyectos de inversión que consideren el impacto ambiental y social, no hay desarrollo

• La cuantificación del costo ambiental y social a corto y largo plazo de los proyectos (de industrias extractivas y megaproyectos) y no sólo los beneficios económicos inmediatos. Se necesita elaborar nuevas variables que permitan un análisis real del costo y beneficio para el país.

• La valorización de los servicios ambientales y los recursos naturales que son sacrificados en los procesos extractivos.

• El fortalecimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para que no sólo se consideren los daños ambientales y sociales de manera aislada sino integral ya que una misma zona puede ser afectada por diversos proyectos a la vez.

• La valorización económica de los bienes y servicios ambientales que se pierden con el embalse del proyecto Inambari. El estudio debe ser multidisciplinario, previo, exhaustivo e independiente para evaluar todos los posibles impactos indirectos del proyecto, con la participación de los gobiernos regionales y representantes de los pobladores afectados.

• La existencia de una autoridad ambiental autónoma que tome decisiones sobre los proyectos autorizados por otros sectores para colocar al mismo nivel el costo ambiental y el valor de los recursos naturales frente a las consideraciones económicas. 

• El fortalecimiento y mejora de la normativa del sector eléctrico peruano, sobre todo en lo referente al otorgamiento de concesiones, a fin de que se encuentre acorde con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

4. No hay que depender del petróleo ni de la energía de grandes hidroeléctrica si queremos proteger nuestra Amazonía

• La modificación de la matriz energética reduciéndose la extracción de hidrocarburos en la Amazonía y promoviéndose energías renovables como la eólica y las hidroeléctricas en los andes que generan energía sin grandes represas.

• El abastecimiento interno de energía antes que la exportación de electricidad a otros países como Brasil, tal como se pretende con el acuerdo energético con este país. 

• La evaluación de los costos de energías renovables alternativas con el costo de los impactos económicos y socioambientales por la construcción de grandes hidroeléctricas en la selva.

• La realización de un balance de la demanda energética del país para establecer realmente cuánta de energía necesitamos a corto, mediano y largo plazo, y de qué fuentes sacaremos esa electricidad (pequeñas centrales hidroeléctricas, energía eólica, energía solar, etc.).

• La inclusión del criterio de eficiencia energética para evaluar la viabilidad de proyectos extractivos.

5. Las empresas mineras gozan de ganacias extraordinarias y subsidios del Estado, pero no hay una redistribución justa de los beneficios de la población

• Un mejor uso y redistribución del dinero que se genera por la explotación de los recursos naturales para impulsar el desarrollo.

• La aplicación del impuesto a las sobreganancias mineras como lo han hecho otros países del mundo y no renovarse el plazo del “Aporte Minero” que ha tenido una baja ejecución de los proyectos sociales. Este mecanismo no es eficiente para la redistribución de los recursos y resulta débil porque tampoco el Estado puede supervisarlo adecuadamente. Las empresas tienen el manejo y el control de su uso, sin una participación real de las poblaciones que deberían beneficiarse de estos recursos.

• La renegociación de los convenios de estabilidad tributaria existentes, que no se firmen nuevos convenios, ni se renueven.

• La revisión de los beneficios tributarios y subsidios de las industrias extractivas (devolución anticipada del IGV, reinversión de utilidades, etc).ƒLa eliminación de las exoneraciones que tienen algunas empresas para el pago de regalías mineras y la discusión de un nuevo monto.

• El replanteamiento de la distribución del canon de manera progresiva y a nivel nacional, considerándose el incremento de las regalías.

• La flexibilización del uso del canon para hacer más eficiente su inversión permitiéndose que se destine para gasto corriente, bienes y servicios. Así podrá capacitarse a técnicos que garanticen una mejor inversión de los recursos y contratar a profesionales en las escuelas y hospitales que se construyen con recursos del canon. La infraestructura no sirve de nada sin personal a cargo.